Auditoría y contexto del rescate
Durante la pandemia, el Gobierno español destinó 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra para evitar su colapso. La intervención, gestionada por la SEPI, ha sido objeto de escrutinio judicial y parlamentario, y ha reavivado sospechas de posibles irregularidades en la gestión de los fondos.
Lo que reveló el auditor Jesús Ángel Carbajo
En la comparecencia ante la comisión del Senado que investiga la gestión de la SEPI, Carbajo aseguró que, a lo largo de los años, no detectó ninguna anomalía en las cuentas de la compañía. Según sus palabras, los informes técnicos de auditoría siguen normas estrictas y “no se identificaron irregularidades”.
Pagos a empresas vinculadas a Julio Martínez
Sin embargo, el auditor admitió haber encontrado facturas de “Análisis Relevante”, sociedad de Julio Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Entre 2020 y 2025, Plus Ultra abonó 301 290 euros a esa entidad. Además, la empresa Idella, también controlada por Martínez, firmó un contrato en enero de 2021 que preveía una remuneración del 1 % del préstamo, equivalente a aproximadamente 640 000 euros, bajo la condición de que el rescate se concretara.
La supuesta comisión del 1 %
El juez José Luis Calama, a cargo de la investigación, señaló que la comisión del 1 % quedó registrada en la contabilidad de la aerolínea. En una reunión del 2 de marzo de 2021, celebrada en la terraza de un restaurante –con la SEPI ya lista para aprobar el auxilio–, Martínez bromeó sobre quién pagaría la cuenta, y el director financiero de Plus Ultra respondió que “eso sale del 1 %”.
Reacciones y dudas pendientes
El senador del PP, Salvador de Foronda, interrogó al auditor sobre la trazabilidad de ese desembolso. Carbajo confirmó que el pago figuraba en los libros, pero precisó que su respuesta se refería a los movimientos a favor de la empresa de Martínez, no a una “comisión del rescate”. Asimismo, el auto judicial indica que no existe evidencia del pago en territorio español y que el dinero podría haberse canalizado a través de una sociedad en Dubái que, según fuentes, nunca se materializó.
Conclusiones preliminares
Si bien la auditoría oficial no apunta a irregularidades contables, la existencia de pagos a entidades estrechamente ligadas a un antiguo presidente del Gobierno genera inquietud sobre la posible utilización de fondos públicos para beneficios personales. El proceso judicial continuará profundizando en la cadena de pagos y en la supuesta red de empresas que habría facilitado la comisión del 1 %.