Sentencia y penas impuestas
La Audiencia Provincial de Asturias ha dictado sentencia contra Cristian S., de 53 años, y su esposa Melissa A.S., de 48, acusados de mantener a sus tres hijos aislados durante cuatro años en un chalet rural de Oviedo, conocido como la "casa de los horrores". Ambos reciben una condena de dos años y cuatro meses de prisión por violencia psicológica habitual, más seis meses por abandono de familia. Además, se les impone la inhabilitación para ejercer la patria potestad, tutela, curatela y guarda durante tres años y cuatro meses, y la prohibición de acercarse a menos de 300 metros a los menores, a sus residencias, centros de estudio o cualquier lugar que frecuenten.
Otras sanciones y responsabilidad civil
Se añaden penas de privación de tenencia y porte de armas durante cuatro años y medio, y una indemnización de 30.000 euros por menor, totalizando 90.000 euros de resarcimiento económico. La Fiscalía había pedido penas mucho más elevadas, aproximadamente 25 años de cárcel para cada progenitor, pero el tribunal consideró la gravedad del caso dentro de la escala establecida por la normativa penal.
Argumentos de la defensa y contexto pandémico
Durante el alegato final, la pareja sostuvo que su aislamiento responde a un "miedo insuperable" al contagio de COVID‑19, alegando que ambos padecían una forma persistente del virus y temían secuelas en sus hijos. Declararon que actuaban por el bienestar de los menores, creyendo que el confinamiento era la mejor medida para proteger su salud. Los defensores, Elena González y Javier Guillermo Muñoz Pereira, solicitaron la absolución total, pero el tribunal rechazó la justificación basada en el temor a la enfermedad.
Situación actual de los menores
Los tres niños, dos gemelos de ocho años y un hermano de diez, fueron reseñados a un centro tutelado tras la intervención policial. La administración autonómica intentó la reubicación con familiares directos; los abuelos, residentes en Estados Unidos, se desplazaron a Asturias pero no pudieron asumir la custodia. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, constató una buena evolución de los menores dentro del centro, aunque sigue pendiente su futuro reagrupamiento familiar.
Este caso pone de relieve los límites entre la protección sanitaria y los derechos fundamentales de los menores, recordando la necesidad de equilibrar el miedo colectivo con la garantía de una vida familiar saludable.
