Declaración ante la Fiscalía Europea
En la sede de la Fiscalía Europea en Madrid, la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ofreció su testimonio y sostuvo que jamás mantuvo conversaciones con miembros del Ejecutivo sobre los pliegos adjudicados a la compañía del empresario Juan Carlos Barrabés. La pronunciamiento, recogido por varios medios, subraya la ausencia de contactos directos y la falta de cualquier intencionalidad de favorecer al empresario en la gestión de los fondos europeos destinados a proyectos de formación y empleo digital.
Orígenes de la relación profesional
Gómez explicó que su vínculo con Barrabés se limitó a un entorno estrictamente académico. Según sus palabras, la única ocasión en la que se cruzaron fue dentro de la cátedra extraordinaria que co‑dirigía en la Universidad Complutense, donde el empresario participó como docente invitado. Además, precisó que las reuniones que mantuvo con él formaban parte del proceso de elaboración del plan docente del máster, requisito indispensable para la aprobación institucional.
Cartas de apoyo y cuestionamientos judiciales
El expediente de adjudicación incluye dos declaraciones de interés y apoyo supuestamente firmadas por Gómez. La esposa del presidente aseguró no haber recordado la firma de dichos documentos hasta que la prensa los reveló, y manifestó desconocer si finalmente Barrabés recibió la licitación. Los fiscales le preguntaron sobre posibles conversaciones con la entonces secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artigas, y con la exvicepresidenta Nadia Calviño, pero la mandataria desmintió cualquier intercambio al respecto, incluso con el propio Barrabés.
Implicaciones para la administración pública
Los investigadores europeos centraron su atención en dos contratos adjudicados por Red.es, la empresa pública encargada de la transformación digital del país. En el proyecto "Formación empleo juvenil para la economía digital" la UTE liderada por Barrabés recibió dos lotes por 4,8 millones de euros, mientras que en "Servicio de formación para personas desempleadas" se le asignó un lote adicional de 3,6 millones. El total supera los 8 millones de euros, fondos parcialmente financiados por el Fondo Social Europeo.
Ante la ausencia de pruebas concluyentes que demuestren un trato preferencial, la Fiscalía Europea ha citado a varios testigos que firmaron cartas de apoyo idénticas a la de Gómez, con el objetivo de esclarecer si existió una red de influencias dentro de la adjudicación. El caso sigue abierto y se espera que futuros dictámenes determinen si hay responsabilidad penal o administrativa.