Contexto de la catástrofe y la ausencia de directrices claras
El 29 de octubre de 2024, la Comunidad Valenciana vivió una de sus jornadas más trágicas, con más de doscientos treinta fallecidos a causa de la DANA que azotó la zona. En medio del caos, el Metro de Valencia, gestionado por la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), sufrió una grave inundación que dejó aislados varios trenes y obligó a cientos de usuarios a refugiarse dentro de las instalaciones. Ante esta situación, la justicia ha exigido que la compañía aclare si recibió indicaciones puntuales por parte de la Consellería de Emergencias, encabezada por Salomé Pradas.
¿Qué comunicó la FGV a la magistrada?
Según el informe breve que entregó la FGV, firmado por su gerente Alfonso Novo y remitido a la jueza Nuria Ruiz Tobarra, la entidad solo percibió avisos genéricos sobre fenómenos atmosféricos adversos y alertas especiales dirigidas a organismos públicos en general. El documento afirma que no existió ninguna "instrucción concreta o recomendación" emitida por la Consellería de Emergencias entre el 24 y el 29 de octubre, periodo crítico para la toma de decisiones operativas.
Impacto directo en la infraestructura ferroviaria
El Puesto de Mando de la FGV, ubicado a escasa distancia del barranco del Poyo, quedó completamente sumergido bajo el agua, lo que provocó la paralización de siete trenes que quedaron aislados en distintas estaciones. Aproximadamente un centenar de pasajeros tuvo que refugiarse dentro de los vagones, mientras el personal de la empresa luchaba por garantizar su seguridad y organizar evacuaciones. Este escenario se agravó por la falta de instrucciones operativas específicas, lo que obligó a los mandos de la compañía a actuar de forma autónoma bajo condiciones extremadamente adversas.
Repercusiones legales y testimonios previstos
La magistrada instruyó la comparecencia de varios testigos clave: Alfonso Novo, secretario autonómico de Infraestructuras Javier Sendra y mandos de la FGV que estuvieron presentes durante los hechos. El objetivo de la investigación es determinar si la ausencia de directrices explícitas de la Consellería de Emergencias constituyó una negligencia institucional o si, por el contrario, la empresa pública tomó decisiones acertadas dadas las circunstancias.
El caso abre un intenso debate sobre la coordinación entre los órganos de gestión de emergencias y los operadores de transporte público en situaciones de catástrofe natural. La respuesta de la FGV, al enfatizar que sólo recibió comunicaciones de carácter genérico, busca exonerarse de cualquier responsabilidad derivada de la falta de ordenes operativas, mientras que la justicia evalúa si esa falta de coordinación contribuyó al daño sufrido por la infraestructura y, en última instancia, a la afectación de los usuarios.
Mientras se avanza en la fase de instrucción, la sociedad valenciana espera respuestas claras que permitan mejorar los protocolos de actuación ante futuros eventos meteorológicos extremos, garantizando la seguridad del transporte masivo y la protección de la ciudadanía.