Desglose del acuerdo millonario
La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha suscrito dos convenios con el Hospital Virgen del Alcázar de Lorca, un centro privado de la Región de Murcia. El primero, firmado en septiembre del año pasado, ascendió a casi 1,6 millones de euros; el segundo, firmado en marzo, incrementó la cifra a unos 2,2 millones, alcanzando un gasto total de 3,8 millones de euros en tan solo un año. Estos recursos se destinan a la realización de intervenciones quirúrgicas y a la atención de pacientes que provienen de la zona oriental de la provincia de Almería, particularmente de la comarca de Huércal Overa.
Motivo de la derivación
El responsable del área sanitaria, Antonio Sanz, ha reconocido públicamente que el Hospital de La Inmaculada, centro de referencia público en Almería, padece un “déficit grave de facultativos en especialidades clave” y que la zona presenta una “cobertura estructural difícil”. Ante la falta de personal, equipamiento y camas disponibles, la Junta ha optado por una “cooperación interhospitalaria” como solución urgente, enviando a los pacientes a un ente privado que cuenta con la capacidad operativa requerida.
Reacciones y críticas
Esta medida ha generado una fuerte polémica entre profesionales sanitarios, usuarios y partidos de izquierda. Los colectivos médicos denuncian que el recurso económico destinado al contrato privado podría haberse invertido en reforzar la plantilla y los servicios del propio Hospital de La Inmaculada, evitando así el desmantelamiento de la sanidad pública en Almería oriental. Además, el propio consejero Antonio Sanz fue multado con 300 euros por la Junta Electoral Central por “ensalzar la labor del PP en material de sanidad” durante una visita al hospital público.
Implicaciones a futuro
La práctica de derivar pacientes a centros de otras comunidades autónomas no es nueva; una orden aprobada en 2023 permite estas traslaciones por “equidad y accesibilidad”. Sin embargo, la creciente frecuencia de estos traslados se interpreta como una política de privatización que vulnera la cobertura integral del sistema público. Las autoridades sanitarias deberán decidir si continúan abonando contratos con hospitales privados o si canalizan los recursos hacia la contratación de personal, la puesta en marcha de nuevas plazas y la modernización de la infraestructura pública, garantizando así la sostenibilidad de la atención en la región.
