Contexto de la denuncia
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha presentado una querella ante la Fiscalía General del Estado, alegando que el pago de 242.000 euros realizado por la empresa editora de Okdiario, Dos Mil Palabras S.L., a la firma IDBO Consultants, podría constituir un intento de soborno. Según la acusación, el objetivo sería que Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, declarara falsedades que involucraran al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su entorno.
Los hechos que motivan la querella
La denuncia señala que el desembolso, que la propia publicación de Okdiario justifica como financiación para la publicación de un libro y la producción de una docuserie, fue canalizado a través de facturas que describen los honorarios de la abogada Leticia de la Hoz Calvo. Dicha profesional defendió a García tanto en la causa del Tribunal Supremo por el caso "Mascarillas" como en la investigación que sigue en la Audiencia Nacional. Además, la defensa contó con la participación del abogado del Partido Popular, Alberto Durán, lo que, a juicio de los socialistas, sugiere una colusión entre distintas fuerzas políticas.
Implicaciones legales señaladas por los socialistas
El texto presentado por el PSOE sostiene que las supuestas maniobras podrían encajar en varios delitos: obstrucción a la justicia, inducción al falso testimonio, falsedad documental mercantil y tráfico de influencias. La parte acusadora solicita que Durán, Eduardo Inda (director de Okdiario) y los representantes legales del PP comparezcan como querellados, que Koldo García sea citado como testigo y que se analicen los móviles de todos los implicados. Asimismo, pide a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que investigue las comunicaciones entre los denunciados entre abril de 2025 y septiembre de 2026.
Reacciones y posibles consecuencias
El caso ha reavivado la polémica sobre la financiación de campañas mediáticas y la posible utilización de recursos empresariales para influir en procesos judiciales. Mientras Okdiario defiende la legitimidad del pago, argumentando que se trata de una inversión editorial, el PSOE insiste en que la documentación evidencia una simulación contractual destinada a encubrir un soborno. De confirmarse las sospechas, las consecuencias podrían incluir sanciones penales para los implicados, así como un fuerte impacto político que afecte la relación entre el PP y los medios de comunicación afines.