Contexto y aprobación del decreto
Tras la masiva huelga general por la vivienda convocada por el Sindicato de Inquilinas y respaldada por los principales sindicatos, la Diputación Permanente del Congreso ha ratificado este jueves uno de los dos decretos de vivienda presentados por el Gobierno. La medida llega en un momento crítico, a escasas semanas de las elecciones generales, y busca responder a la presión social y a la creciente escasez de alquileres asequibles.
Veto a la compra especulativa
El texto prohíbe, hasta 2030, que empresas adquieran inmuebles por debajo del 70 % del valor de mercado, salvo que el bien se destine al alquiler social o a personas en situación de vulnerabilidad. Esta restricción pretende frenar la compra masiva de viviendas para obtener beneficios rápidos, evitando que se conviertan en activos financieros sin consideración por la necesidad habitacional.
Excepciones y buenas prácticas
Se contemplan excepciones para compañías que adopten códigos de buenas prácticas y que, en cualquier caso, no podrán desalojar a inquilinos vulnerables en esas propiedades. La intención es crear un marco que premie la gestión responsable y la reinversión en el alquiler asequible.
Escudo antidesahucios
El nuevo escudo protege a los arrendatarios en riesgo de desahucio, obligando a las administraciones a asumir los gastos procesales. Si la autoridad no ofrece una alternativa habitacional, el desahucio queda suspendido hasta 2030. Además, se introduce la figura de la “enervación extraordinaria”, que obliga al Estado a cubrir la deuda del inquilino frente al propietario cuando este sea particular y no un gran tenedor, siempre que no exista una solución de vivienda alternativa.
Enervación extraordinaria
Esta herramienta permite que, en ausencia de una opción de reubicación, el Estado pague la deuda del arrendatario y, a su vez, impida el lanzamiento del proceso de desalojo. La protección dejará de aplicarse a partir de 2030 cuando el propietario sea vulnerable o posea dos viviendas o menos.
Prórroga extraordinaria de contratos
Los arrendamientos que expiren antes de diciembre de 2028 podrán solicitar una prórroga de dos años, renovable anualmente, sin que el alquiler supere el 2 % de incremento, limitado por la congelación de precios. La extensión está sujeta a la condición de que el propietario no necesite la vivienda para uso propio o de un familiar directo. Los inquilinos que firmaron bajo el decreto anterior también se benefician de este derecho.
Alquiler de habitaciones y temporal
El alquiler de habitaciones pasa a formar parte de la Ley de Arrendamientos Urbanos, equiparándose a los contratos de vivienda habitual. Así, los plazos y garantías serán los mismos: cinco años cuando el arrendador sea particular y siete cuando sea una empresa. En zonas declaradas tensionadas, la suma de los alquileres de las habitaciones no podrá superar el precio total de la vivienda fijado por el índice. Además, se establece un máximo de 30 días para el alquiler turístico y se permite que entidades del tercer sector celebren contratos vinculados a la duración de sus proyectos sin cumplir el plazo estándar.
En conjunto, estas disposiciones buscan equilibrar el mercado, proteger a los inquilinos más frágiles y frenar la especulación inmobiliaria, ofreciendo una respuesta legislativa a la crisis habitacional que ha movilizado a la sociedad en los últimos meses.